Guinea Ecuatorial es un buen ejemplo de cómo las instituciones pueden inhibir el desarrollo económico.
Esta pequeña república situada en el área centro-occidental de África está presidida por Teodoro Obiang, un dictador que utiliza el aparato del Estado para repartir beneficios entre familiares y amigos: su hijo es consejero del ministro de Deportes y presidente del club de fútbol
The Panthers; su hija, directora adjunta del Banco Central de África Occidental (BEAC). La estrategia del Estado guineano es similar a la de muchos regímenes preindustriales: el dictador confía en sus familiares los puestos clave de la administración para garantizar su fidelidad, al tiempo que emplea el poder judicial (totalmente subordinado al ejecutivo) para capturar rentas con las que comprar la fidelidad de los caciques locales. Por si fuera poco, las reservas petrolíferas del país proporcionan a la dictadura todos los recursos que necesita, desalentando la introducción de reformas económicas que proporcionarían ingresos fiscales alternativos. Como consecuencia, los derechos de propiedad son completamente inseguros para la mayoría de la población, que no puede aventurarse en formas de contratación complejas sin temer que los beneficios sean capturados por las élites afines al poder.
Como el Imperio español, Guinea está atrapada entre la riqueza de materias primas y la necesidad de comprar con privilegios la estabilidad de la coalición dominante.
El País publica hoy un reportaje que ilustra con casos muy concretos las pinceladas que acabamos de dar. Por ejemplo, la interminable cadena de sobornos sirve para erigir barreras en el mercado y elevar las rentas de los caciques locales que participan en él a título privilegiado. Como narra un empresario español:
En el aeropuerto te das cuenta de que tienes que pagar por todo: al comisario para que te selle el pasaporte, al de seguridad nacional para el visado de salida, al fiscal general, al que tenían en nómina, para los permisos. Una cadena que no termina nunca. ¡Pero si no hemos empezado a trabajar!, les decía yo.
Cuando este mismo empresario se opuso a pagar comisiones ilegales, le amenazaron con usar el poder judicial contra él:
Falló que no quisimos pagar más dinero a la gente de Ruslan. Te estrangulan económicamente y se buscan a otro. Y se quedan con todo, con toda la inversión que has dejado allí. Al final, cuando nos oponíamos a algo te decían: ¿qué quieres, que te denuncie por violación? ¿Quieres ir a la cárcel? Nos lo dijeron muchas veces y tuvimos verdadero pánico. El socio que se estableció en Malabo se tuvo que marchar. Yo pensaba: pero ¿dónde nos hemos metido? ¿A quién reclamo? La corrupción es total, es brutal.
En otros casos, el régimen obliga a los empresarios extranjeros a tomar a caciques locales como socios, que finalmente terminan capturando todas las rentas del proyecto a través de comisiones ilegales, amenazas o expropiaciones abiertas:
Nos obligaron a tener de socio local al ministro de bosques. Teodorín (el hijo y sucesor de Obiang) era entonces su consejero y ya estaba metido en el negocio de la madera. Mi socio trató con él y le dieron todas las facilidades, por supuesto después de pagar comisiones por todos lados. Nos cedieron un terreno de seis hectáreas a cuatro kilómetros de Malabo. Trasladamos la maquinaria: bulldozers, camiones, cortadoras, secadoras. Llevamos a cuatro técnicos para formar allí a los obreros guineanos, más de cuarenta hombres. Casi dos años de trabajo para levantar el aserradero y no pudimos exportar ni la primera remesa. Cuando estuvo el almacén lleno comenzaron los problemas, las pegas, la falta de permisos. No entendíamos nada. Logramos sacar cuatro contenedores sobornando a gente del puerto. A mi socio le dijeron que o se iba o le metían en la cárcel, pero decidió quedarse.
Para forzarle a abandonar sus instalaciones, fue encerrado en la cárcel de Black Beach, sin comida, pisando sus propias heces y con malaria. Finalmente todo pasaría a manos de socios locales de los inversores extranjeros.
Cuando llevas la maquinaria empiezan los problemas. Te ponen toda clase de pegas para que te vayas y se quedan con todo. Si no aceptas, sabes que acabas en la cárcel de Black Beach. Luego celebran un ajunta y dien que su socio español se ha marchado del país. La gente se va por miedo.
Estos casos ilustran el papel clave que juegan las instituciones en el desarrollo económico. Al elevar la inseguridad jurídica y los costes de transacción, Obiang no sólo captura rentas a costa de los inversores extranjeros sino de la gran mayoría de guineanos, que en otro caso prosperarían desde sus negocios precarios y casi autosuficientes actuales hasta formas de organización y contratación complejas que erosionarían las rentas de la clase dominante (que incluye, por cierto, a algunos empresarios extranjeros que sí se han amoldado al régimen).
Este caso demuestra, por cierto, que el subdesarrollo es principalmente una cuestión endógena, aunque en otros casos el colonialismo encubierto puede jugar un papel importante.
